Decreto que estimula la vagancia

Supongamos que las autoridades encargadas de la regulación del transporte automotor se encontraran con la desagradable sorpresa de que el número de vehículos de servicio público de pasajeros que no pasa las revisiones técnicas obligatorias, es relativamente alto, por ejemplo superior al 10 por ciento.

Frente al grave problema que ello puede significar el Ministerio del ramo produce un decreto obligando a los talleres concesionarios del servicio de revisión a que no pueden rechazar más del 5 por ciento de los vehículos. Con ello el gobierno puede argumentar algunos años después que ha mejorado la seguridad del transporte, mostrando una caída considerable en los índices de rechazo.

Absurdo, ¿verdad? Pues algo semejante está ocurriendo, y no en el campo del transporte sino en uno mucho más estratégico desde el punto de vista del progreso, la justicia social y la competitividad del país: la educación básica.

El Decreto 230 de 2002 estableció la obligación a los establecimientos educativos de garantizar un mínimo de promoción del 95 por ciento de los educandos que finalizan el año escolar en cada uno de los grados. Sometió además la evaluación y la promoción de estudiantes a un complejo proceso burocrático que en la práctica judicializó la evaluación académica. Cómo se espera que reaccionen los estudiantes frente a esta norma?. La aplicación de unos principios básicos de la economía del comportamiento permite prever el resultado.

Supongamos que la motivación principal de un estudiante común consiste en pasar el año, supuesto que podemos considerar bastante realista. Asumamos también que los profesores han diseñado pruebas objetivas, en el sentido de que la nota obtenida es directamente proporcional al esfuerzo que haya realizado el estudiante. Obviamente, un estudiante de más alta capacidad debe esforzarse menos, pero bajo ninguna circunstancia podrá pensar pasar el año con esfuerzo nulo. El resultado es que todos los estudiantes deben esforzarse.

Ahora pensemos en lo que haría un estudiante racional (es decir que aspira maximizar su utilidad personal, medida por la diferencia entre la probabilidad de pasar el año frente al esfuerzo necesario para ello) una vez expedido el decreto 230. Su probabilidad de pasar el año va a depender no solamente de su nota, sino de las notas obtenidas por sus compañeros. Sin haber estudiado, un estudiante de capacidad promedio ya tiene un 95 por ciento de probabilidad de pasar el año. ¿Qué tanto estudiará? Un simple modelo matemático, utilizando la teoría de juegos, indica que este estudiante hará aproximadamente el 5 por ciento del esfuerzo del que se le exigía anteriormente.

¿Quiénes se esforzarán en una proporción mayor? Solo los estudiantes que son conscientes que, dadas sus capacidades, tienen una alta probabilidad de quedar en el 5 por ciento más bajo. Pero qué tanto? Observando a sus compañeros más aventajados, saben que estos no se van a esforzar tanto, y a partir de ese punto de referencia harán sus cuentas.

El esfuerzo colectivo al final será una fracción muy pequeña (supongamos el 10 por ciento) del esfuerzo anterior.

Es claro que este ejercicio, así planteado, es altamente simplificador. Se podrá argumentar que hay estudiantes cuya motivación no consiste en pasar el año, sino que aman de verdad el estudio. También habrá otros para quienes perder el año no representa ningún costo. Habrá otros que no quieran correr ningún riesgo y las nuevas normas no los afectarán: continuarán haciendo el mismo esfuerzo. Pero seamos realistas: no podemos esperar que ninguno de estos grupos sea una mayoría.

Cuando los indicadores de la calidad de la educación básica son preocupantes, según lo indican resultados de pruebas internacionales, no es tal vez el mejor momento de mantener normas que estimulan la pereza de los estudiantes. Señora Ministra de Educación: usted ha invitado a un debate sobre la conveniencia del decreto 230 de 2002 con motivo de la elaboración del Plan Decenal de Educación. En aras de la conveniencia pública, pero sobre todo de los estudiantes colombianos, lo mejor es derogarlo.

FRANCISCO AZUERO
PROFESOR UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Decreto que estimula la vagancia El Tiempo