Control a la calidad de la educación superior

jueves, 15 de noviembre de 2007

14/11/2007 La República

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que regula el registro calificado de programas de educación superior.

La meta de esta inicitiva es fortalecer y garantizar la calidad de la enseñanza en Colombia y que fue presentado al Congreso por el Ministerio de Educación.

Además, el proyecto eleva a rango legal la figura del Registro Calificado para programas de educación superior, mediante formas de verificación que den muestra real de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior.

El Ministerio de Educación Nacional será el ente encargado de conceder el registro calificado a dichos centros de educación superior mediante un acto administrativo debidamente justificado, en el que se ordene la incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

El ponente de la iniciativa, representante por el Polo Democrático Alternativo, Pedro Obando, lamentó que la norma se promulgue como una ley impulsada y apoyada por el gobierno, pero aclaró que "en este caso lo importante es que se analicen sus implicaciones y se estudie por parte de la Comisión si su aprobación es benéfica para todas las instituciones del país".

Advirtió, sin embargo, que apoya el Registro Calificado, en la medida en que se asegure la calidad y el mejor nivel de la educación en Colombia, a través de mecanismos jurídicos, pero sobre todo con un buen presupuesto que garantice plenamente este objetivo

Por su parte el representante, Jaime Restrepo Cuartas, del partido de la U, ponente también del proyecto, explicó que en el tema de la acreditación en las universidades sigue siendo valido el criterio de que si un programa esta acreditado en alta calidad no se le debe exigir Registro calificado.

Sobre la autonomía universitaria de que trata el proyecto de ley, el representante Restrepo Cuartas ratificó que es más un tema de responsabilidad, en el que la institución universitaria debe someterse a garantizarle a la sociedad una excelente calidad en la educación y aceptar que el Estado controle ese nivel académico.

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