Las inequidades de la educación. Por Eduardo Sarmiento Palacio

LAS INEQUIDADES DE LA EDUCACIÓN. POR EDUARDO SARMIENTO PALACIO

El Ministerio de Educación divulgó el programa decenal y ha propiciado un diálogo sobre los diferentes temas.

Eduardo Sarmiento Palacio.

El Ministerio de Educación divulgó el programa decenal y ha propiciado un diálogo sobre los diferentes temas. Los esfuerzos se orientan a conseguir la cobertura plena en secundaria y ampliar rápidamente la educación superior mediante la aprobación a las voladas de registros calificados. Infortunadamente, no se trata ni se avanza en el tema de la inequidad de la educación, la principal causa del malestar que induce las protestas y movilizaciones de docentes y estudiantes.

En los últimos años los esfuerzos de la educación secundaria se orientaron a llevar los recursos disponibles a la mayor cantidad de individuos, a tiempo que las instituciones privadas disponen, en virtud de la información asimétrica, de poderes monopólicos que emplean para atraer estudiantes de altos ingresos. Así lo confirma la escasa presencia de los estratos 5 y 6 en la educación pública; lo que ganan con el subsidio es menos de lo que obtienen con una educación excluyente. El resultado ha sido una calidad educativa del sector público muy inferior a la del sector privado, y altamente segregada.

La educación superior goza de una mayor integración. Los estudiantes de diversos estratos concurren a las mismas universidades públicas, que revelan los mayores puntajes en los exámenes de Estado. Sin embargo, la reducida disponibilidad de cupos constituye un serio limitante al acceso de los sectores pobres a la educación de alta calidad. Por lo demás, en la reforma universitaria en marcha se busca reducir la enseñanza al conocimiento integral y al desarrollo de competencias para interpretar información, dejando la excelencia en las minorías que pueden sufragar los postgrados.

Todo esto ha contribuido a conformar una estructura educativa desigual. El índice de Gini en términos de años de educación, es casi tan desigual como el del ingreso y el índice de calidad, en términos de puntajes en los exámenes del Icfes y Ecaes, son mucho peores. Esto tiene una clara manifestación en los exámenes mundiales de desempeño escolar. En el último concurso Colombia ocupó el lugar 44 entre 45. No se trata, sin embargo, de un resultado generalizado, porque no faltan estudiantes que obtienen los mismos puntajes de los europeos y asiáticos. La explicación está en que la formación educativa de la mayoría, debido a las inequidades, es muy baja y castiga seriamente el promedio.

Esta realidad no se aprecia en los hechos de la política pública. En la reforma constitucional de las transferencias regionales se quiebra la norma que pretendía ligar las apropiaciones de la educación con los ingresos tributarios y los ingresos personales y asegurar que los recursos públicos por estudiante igualen los del sector privado. En el acto legislativo de 2002 y en el que se tramita activamente en el Congreso, se perpetúa la tradición de una educación de primera para una élite y de tercera para las grandes mayorías, violando el criterio mínimo de igualdad de oportunidades. En la ley del Plan de Desarrollo se incluye una norma que obliga a las universidades públicas a asumir los pasivos pensionales. Si bien el Gobierno se ha precipitado a atribuirlos a una interpretación inadecuada, en el fondo corresponde a la filosofía del Plan de reprimir los recursos de las universidades públicas por tratarse de un subsidio que favorece a los sectores medios. No se advierte que el subsidio de educación superior es el principal medio para propiciar el ascenso social e incorporar a los pobres en los sectores medios. Una de las características de la universidad pública es el rápido avance del rendimiento escolar de los estratos bajos y la tendencia a la nivelación en plazos cortos.

En suma, la reforma constitucional de las transferencias y la restricción presupuestal a las universidades acentúan las inequidades de la educación, y explican el malestar de profesores y estudiantes. En cambio, la respuesta del Gobierno a las protestas ha sido aritmética y se limita a modificar los números y moderar las interpretaciones de las decisiones tomadas. Las razones de fondo son más estructurales y cualitativas, y tienen como muestra la baja calidad de la educación secundaria y el reducido acceso a la formación superior.

Frente a esta evidencia, se plantea elevar a primer plano el tema de las desigualdades de la educación, y concentrar la acción en ampliar los recursos de la educación pública a todos los niveles y quebrar la estructura segregada del sistema. Ante todo hay que preservar la norma constitucional que establece que las transferencias regionales para la educación se aumentarán hasta atender adecuadamente las necesidades. La Cámara de Representantes tiene la última palabra. Adicionalmente, es conveniente crear las condiciones de localización y transparencia para que los estudiantes de distintos estratos concurran a las mismas instituciones, y condicionar la educación privada y las jugosas exenciones tributarias a la elevada presencia de estudiantes de estratos 1 y 2.