IV Plan Nacional Decenal de Educación: por el derecho a la educación el mandato colectivo
ENTRADA
El IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035, el primero en la historia del país construido de abajo hacia arriba: desde los territorios, las comunidades, los maestros, los estudiantes y los pueblos étnicos hacia las instituciones. Más de 1.698 instituciones educativas, 95 entidades territoriales certificadas y 1.292 personas en el Foro Educativo Nacional aportaron al documento. El plan adoptó como principio rector lo que Colombia ha tardado dos siglos en reconocer formalmente: que la educación es un derecho humano fundamental, no un servicio ni un favor.
DESARROLLO
El IV PNDE se estructuró en tres ejes: la garantía plena del derecho a la educación, la construcción de conocimiento público para la transformación social y el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública. Su proceso de formulación fue inusual en la historia de la política educativa colombiana: no partió de diagnósticos institucionales sino de un ciclo de foros, diálogos territoriales y congresos pedagógicos que recogió voces que el sistema había ignorado históricamente, incluyendo niños y niñas de preescolar, campesinos, comunidades étnicas y población migrante. La Comisión Mixta, conformada por más de 40 organizaciones, funcionó como garante político del proceso y está llamada a ejercer veeduría sobre su implementación. El plan también llegó en un momento de reformas estructurales en curso: la modificación de la Ley 30 de 1992, la reforma al Sistema General de Participaciones y la política de gratuidad universitaria configuraron el piso normativo sobre el que el PNDE debe operar. Si esas reformas no se financian adecuadamente, el plan corre el riesgo de ser un documento bien intencionado sin condiciones reales para cumplirse.
APORTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El IV PNDE amplió la definición del derecho a la educación en Colombia: ya no basta con garantizar un cupo escolar. El plan exige que ese cupo venga acompañado de alimentación, transporte, infraestructura digna, maestros bien formados, currículos pertinentes y condiciones de seguridad. Es el primer plan decenal que reconoce explícitamente la deuda histórica del Estado con las comunidades que educaron sin recursos, sin permiso y bajo persecución. Pero un plan no es una garantía: es una hoja de ruta. Lo que ocurra en los territorios durante la próxima década, y lo que los gobiernos que vengan decidan hacer con ese mandato colectivo, determinará si este documento marca un punto de inflexión real en la historia educativa del país.
