Inicio

ENTRADA

En los años sesenta, curas y laicos inspirados en Camilo Torres y la teología de la liberación crearon espacios educativos en barrios pobres y zonas rurales donde se enseñaba a leer, pero también a entender la realidad y exigir derechos. Al mismo tiempo, el sociólogo Orlando Fals Borda sostenía que el conocimiento verdadero se construye junto con el pueblo, no desde arriba hacia él. Treinta años después, en las periferias de Bogotá, Medellín y Cali, el mismo impulso tomó otra forma: bachilleratos populares autogestionados para los jóvenes que el sistema había expulsado.

DESARROLLO

Las comunidades de base fueron perseguidas tanto por el Estado como por la jerarquía de la propia Iglesia. Camilo Torres fue excomulgado, se unió al ELN y murió en combate en 1966. Fals Borda fue marginado por la academia oficial, que consideraba su Investigación Acción Participativa ideológicamente comprometida. Los bachilleratos populares de los noventa operaron en condiciones precarias, con maestros voluntarios o mal pagados, en un contexto de violencia urbana que dejó a miles de jóvenes sin posibilidades reales de continuar estudiando. Cuando el Estado los reconoció, intentó con frecuencia absorberlos y regularlos, lo que implicó pérdida de autonomía pedagógica.

APORTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Lo que estas experiencias revelaron es que el derecho a la educación tiene una dimensión que las leyes no pueden otorgar ni quitar: la capacidad de las comunidades de construir su propio conocimiento y transmitirlo. Cuando el Estado falla o excluye, esa capacidad no desaparece, se reorganiza. La Ley 115 de 1994 y la Constitución del 91 reconocieron formalmente esa realidad, pero el reconocimiento llegó después de décadas en que las comunidades ya lo estaban ejerciendo sin permiso y bajo persecución.