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ENTRADA

En 2022, el gobierno de Gustavo Petro asumió con un compromiso explícito: la educación superior es un derecho, no un servicio. Lo que siguió fue la política de gratuidad universitaria más ambiciosa de la historia colombiana. En 2024, más de 846.000 estudiantes en 64 universidades públicas del país no pagaron matrícula. Por primera vez, el Estado colombiano declaró y cumplió, al menos en términos de cobro directo, que la universidad pública es gratuita para quien quiera entrar.

DESARROLLO

La gratuidad fue posible por la confluencia de tres factores: la presión estudiantil acumulada durante más de una década, la voluntad política de un gobierno que llegó al poder con un discurso de derechos, y el Acto Legislativo 03 de 2024, que fortaleció el gasto social obligatorio. La inversión fue de 2,3 billones de pesos. Pero la medida tiene tensiones no resueltas: la gratuidad cubre matrículas, no los costos reales de estudiar, que incluyen transporte, alimentación, vivienda y materiales, barreras que siguen siendo insalvables para los estudiantes de menores ingresos. Las universidades regionales, las que atienden a las poblaciones más vulnerables, enfrentan el riesgo de que la gratuidad no venga acompañada de recursos suficientes para sostener la calidad. Y la deuda histórica acumulada con las universidades públicas, estimada entre 18 y 20 billones de pesos, sigue sin saldarse.

APORTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Este es el punto más avanzado del arco que recorre toda esta historia: desde la Reforma de Santander en 1821, que prometió educación para algunos ciudadanos, hasta el siglo XXI, cuando esa promesa llega por primera vez a la universidad pública de forma universal. Pero es un avance abierto. La gratuidad de la matrícula no es gratuidad real si el estudiante no puede pagar el bus para llegar a clases. El derecho a la educación superior no estará plenamente garantizado hasta que el Estado resuelva no solo el costo de entrar, sino el costo de quedarse.