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En marzo de 2020, el cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19 sacó del sistema a cientos de miles de niños y jóvenes colombianos. Según el SIMAT, cerca de 103.000 niños y adolescentes abandonaron sus estudios solo en los primeros meses. Las brechas entre colegios oficiales y privados, entre zonas urbanas y rurales y entre estratos socioeconómicos se ampliaron de manera medible. Lo que la pandemia reveló no fue una crisis nueva: fue la profundidad de una crisis que ya existía.

DESARROLLO

Colombia cerró sus escuelas sin tener la infraestructura digital para sostener la educación virtual. En zonas rurales, la adaptación fue casi imposible. Los estudiantes más vulnerables, sin conectividad, sin dispositivos y sin adultos con tiempo para acompañarlos, fueron los más afectados. El Banco de la República documentó que la pandemia amplió las brechas de rendimiento entre colegios oficiales y no oficiales y entre zonas rurales y urbanas. Las pérdidas de aprendizaje estimadas son de uno a dos años en los sectores más afectados, y su recuperación aún no es completa.

APORTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

La pandemia no creó las desigualdades que expuso: las sacó a la luz. La brecha digital es una expresión de la desigualdad estructural que el sistema educativo colombiano ha cargado desde sus orígenes. Lo que cambió fue que esa desigualdad se volvió imposible de ignorar: los datos eran públicos, las cifras de deserción eran concretas y las familias más afectadas podían ser identificadas con nombre y municipio. El derecho a la educación no existe en abstracto. Existe en la medida en que existen las condiciones materiales para ejercerlo, y la pandemia dejó en evidencia que para cientos de miles de colombianos, esas condiciones siguen sin estar garantizadas.