Etnoeducación afrocolombiana como derecho exigible
ENTRADA
Durante más de tres siglos, las comunidades afrocolombianas fueron esclavizadas, desplazadas y excluidas del sistema educativo. Cuando la esclavitud se abolió en 1851, no se abolió la exclusión: las escuelas existían para otros. La Constitución de 1991 reconoció a Colombia como nación plurilingüe y multicultural, y dos años después la Ley 70 de 1993 estableció el derecho de las comunidades negras a una educación propia. Ese reconocimiento llegó después de décadas en que las propias comunidades habían sostenido su educación sin permiso, sin recursos y contra un sistema que las ignoraba o las asimilaba por la fuerza.
DESARROLLO
La exclusión educativa de la población afrocolombiana no fue un descuido: fue una política. Durante la Colonia, enseñar a leer y escribir a personas esclavizadas estaba prohibido en la práctica. Tras la abolición, el acceso a la escuela fue desigual y en muchas regiones inexistente. Las comunidades negras transmitieron su conocimiento por otros medios, la oralidad, los cantos, los saberes colectivos, sin que el Estado lo reconociera como educación.
El movimiento por la educación propia tomó forma en los años setenta y ochenta. Figuras como Manuel Zapata Olivella denunciaron que los libros de texto contaban la historia del país como si la población negra no existiera. El Proceso de Comunidades Negras llevó esa demanda a la Constituyente de 1991 y obtuvo el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica. La Ley 70 fue el resultado directo de esa movilización. Sin embargo, los territorios con mayor concentración de población afrocolombiana seguían registrando los peores indicadores educativos del país. El conflicto armado agravó esa situación: entre 1985 y 2018, las comunidades negras representaron cerca del 22% de la población desplazada, con consecuencias directas sobre la continuidad escolar de niños y jóvenes.
APORTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La lucha afrocolombiana puso sobre la mesa una pregunta que el sistema había evitado durante siglos: ¿a quién sirve lo que se enseña? Un currículo que invisibiliza a millones de colombianos no es neutral: enseña a una parte del país que su historia no cuenta. Lo que el PCN y las organizaciones de base exigieron es que el derecho a la educación incluye el derecho a no ser borrado por la escuela. Ese principio amplió de manera irreversible la definición del derecho educativo en Colombia. La deuda, sin embargo, sigue abierta: la brecha entre el reconocimiento normativo de la etnoeducación y las condiciones reales de las escuelas en territorios afrocolombianos es una de las más antiguas y menos saldadas del sistema.
