Ley 30 y Ley 115: el derecho se vuelve norma operativa — con contradicciones
ENTRADA
La Ley 30 de 1992 organizó por primera vez la educación superior en Colombia: definió qué es una universidad, estableció la autonomía universitaria y creó el marco institucional para la educación técnica y tecnológica. Antes de esta ley no había reglas claras sobre cómo debían funcionar las universidades ni cómo el Estado debía relacionarse con ellas. Fue un avance real, pero llegó con una ambigüedad que costaría décadas de movilización estudiantil.
DESARROLLO
La ley fue expedida en el mismo período en que el gobierno de Gaviria adoptaba la apertura económica y comenzaba a regular sectores bajo lógicas de mercado. Aunque declaró que la educación superior es un servicio público, lo hizo en un lenguaje que habilitó la expansión de universidades privadas con ánimo de lucro y el endeudamiento de los estudiantes para pagar matrículas. La autonomía universitaria, conquista del movimiento estudiantil, quedó consagrada en la misma ley que abrió la puerta al mercado educativo. Esa contradicción fue el corazón del paro estudiantil de 2011, que exigió reformar la ley de fondo. En diciembre de 2025 el Congreso aprobó una reforma parcial: cambió la forma en que el Estado calcula cuánto dinero les transfiere cada año a las universidades públicas, usando desde entonces un índice que refleja lo que realmente cuesta sostenerse una institución educativa. La medida fue sancionada en marzo de 2026 y busca reducir una deuda acumulada con las universidades estimada en más de 17 billones de pesos.
APORTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La Ley 30 extendió la lógica del derecho a la educación hasta el nivel universitario y creó la arquitectura institucional sobre la que se apoyarían políticas posteriores como la gratuidad en educación superior. Pero al mismo tiempo instaló en el centro del sistema una contradicción que no ha sido resuelta: la educación superior es declarada servicio público, pero funciona en buena parte bajo reglas de mercado. La reforma de 2025 mejoró el modo en que el Estado financia sus universidades, pero no cambió esa contradicción. Mientras persista, el derecho a la educación universitaria seguirá dependiendo más de la capacidad económica de las familias que de las garantías del Estado.
