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El artículo 67 de la Constitución de 1991 declaró la educación como derecho fundamental. Pero el cambio decisivo no fue declararlo: fue hacerlo exigible. Desde 1991, si a un niño se le cierra la puerta de una escuela, cualquier ciudadano puede interponer una tutela y un juez está obligado a responder en diez días. Por primera vez, el padre de familia en el municipio más apartado tenía una herramienta legal concreta para exigirle al Estado que cumpliera.

DESARROLLO

La Constitución fue impulsada en parte por la movilización estudiantil de 1989 y 1990, la séptima papeleta, y por el agotamiento del sistema bipartidista. Fue un avance democrático genuino. Sin embargo, la misma Constitución abrió la puerta a reformas que tensionaron la garantía de los derechos sociales: el ajuste fiscal, la descentralización sin recursos suficientes y la lógica de mercado en los servicios públicos crearon una brecha entre el derecho declarado y el derecho garantizado. Declarar un derecho y tener los recursos para cumplirlo son dos cosas distintas, y esa brecha marcó la política educativa colombiana durante las décadas siguientes.

APORTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Lo que cambió en 1991 fue la posición jurídica del ciudadano frente al Estado: por primera vez, el incumplimiento del derecho a la educación tenía consecuencias legales concretas. Eso es irreversible. Ningún gobierno posterior ha podido desmontar la tutela educativa, aunque muchos hayan encontrado formas de evadir su cumplimiento. La Constitución no resolvió el problema, pero cambió las reglas del juego: convirtió al ciudadano de receptor pasivo en titular activo de un derecho. Todo lo que vino después, para bien y para mal, ocurrió sobre esa base.